Francisco y Julián AxatEl Ministerio Público Fiscal de la Nación creó las agencias ATAJO, que ofrece acceso a la justicia para personas vulnerable y trabaja en alianza con la Iglesia Católica 

 

Tras décadas de abandono por parte del sistema judicial, el Ministerio Público Fiscal de la Nación creó las agencias ATAJO, situadas en las zonas donde se asienta la población más pobre. Su inserción en esas barriadas encuentra en la Iglesia católica un aliado clave. La articulación con curas y laicos que trabajan en barrios carenciados resulta indispensable a la hora de defender la legalidad y promover derechos en esos territorios.

Por Julián Axat*


Durante décadas, el sistema argentino de administración de Justicia mantuvo una cuantiosa deuda en materia de acceso a la justicia con los sectores en situación de vulnerabilidad social. En la actualidad, si bien las acciones institucionales orientadas a subsanar esa deuda son bastante recientes, se puede afirmar que existen buenos ejemplos de experiencias que acercan herramientas jurídicas a las comunidades, que comprenden iniciativas tanto del Poder Ejecutivo Nacional, como de la Defensoría General de la Nación y de la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En este contexto, la experiencia de las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJOs) de la Dirección General de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal (MPF), creadas en junio de 2014, constituyó el primer paso del fuero federal hacia una justicia de proximidad con los sectores vulnerables. Actualmente, hay más de veinte puntos de atención en el país que incluyen oficinas fijas; dispositivos móviles que recorren distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, y enlaces en diversas Fiscalías federales de las Provincias. Asimismo, se ha proyectado la creación de espacios de promoción de derechos en lugares ganados al narcotráfico. La primera experiencia en este sentido fue concretada en agosto de 2016 en la Villa 31 del barrio de Retiro (CABA).
La defensa de la legalidad debe ser entendida como la responsabilidad de asegurar y proteger el disfrute de los derechos humanos previstos en nuestro sistema jurídico para toda la ciudadanía. Los Estados democráticos deben contemplar mecanismos que garanticen la tutela judicial efectiva y, en ese camino, el MPF asumió un rol activo a fin de facilitar el acceso a la justicia de los sectores relegados. A la clásica noción de acceso a la justicia como el ingreso al sistema judicial, los ATAJOs agregan la idea de un MPF con sus puertas abiertas a la comunidad. Se trata del reconocimiento irrestricto de los derechos del cual deben gozar todas las personas, en línea con los postulados de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad.

Articulación con la Iglesia Católica

Una de las misiones de ATAJO es generar y fortalecer los vínculos entre la sociedad civil y el MPF. Debido a que los sectores en condición de vulnerabilidad asumen distintas formas de representación, esa relación se nutre a través de organizaciones sociales que trabajan con ellos.
En este proceso, la Iglesia Católica inserta en los territorios tiene un rol central. Al llegar a los barrios, los equipos de los ATAJOs intentan mediar en las relaciones sociales a fin de generar espacios de gestión judiciaria de las conflictividades. Esta defensa de la legalidad hace posible el encuentro cotidiano entre el MPF y los curas y laicos que trabajan en los barrios carenciados, quienes realizan intervenciones indispensables para generar mediación y contención de las problemáticas sociales.
La labor continua que encaran se traduce en un conocimiento sustantivo de los conflictos y en la construcción de recursos y estrategias efectivas ante situaciones de emergencia. Ejemplo de esto es el resguardo de mujeres víctimas de violencias de género, el sostén de espacios educativos a través de talleres de oficios y apoyo escolar, la provisión de elementos básicos para la subsistencia, el apoyo de personas que padecen adicciones a sustancias psicoactivas o el abrigo de otras en situación de calle, entre otras acciones.
Las agencias territoriales del MPF encuentran en estos ámbitos aliados para el trabajo cotidiano. Esta relación permitió establecer un diálogo e intervención entre Iglesia y Estado frente a situaciones de vulnerabilidad social.
La magnitud del trabajo conjunto entre los dispositivos territoriales descentralizados del MPF y los de la Iglesia Católica, se manifiesta en las 2.528 consultas atendidas por la Dirección de Acceso a la Justicia exclusivamente a partir de la derivación o articulación con efectores barriales de la iglesia entre julio de 2014 y mayo de 2018. Esto representa más del 12% del total de las consultas evacuadas por las oficinas de acceso a la justicia del MPF - ATAJOS, que en ese período alcanzó las 19.803.
A fin de formalizar y profundizar las articulaciones, durante 2016 se dispuso la firma de convenios de colaboración con diversas instancias de la Iglesia, como la Vicaría para la Pastoral de Villas de Emergencia del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires; los obispados de Lomas de Zamora, Merlo-Moreno y Quilmes, Parroquias San Juan Bosco, de José León Suarez (San Martín) y Nuestra Señora de Fátima, de la Isla Maciel (Avellaneda); Arzobispado de Chaco.

Proyecto de capacitación regional “Misión por la justicia”

Esta alianza estratégica entre el MPF y la Iglesia Católica se expresó, también, en el curso regional “Misión por la Justicia. La experiencia del MPF argentino en materia de acceso a la justicia”, que contó con más de 400 personas inscriptas provenientes de los Ministerios Públicos Fiscales de la Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Portugal y Perú.
El curso fue auspiciado por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y nació en diciembre de 2016 en el Vaticano, cuando el Papa Francisco recibió a la entonces titular de la Procuración General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, junto al Fiscal General de Bolivia y titular de la AIAMP, Ramiro Guerrero Peñaranda, y al Procurador General de Uruguay, Jorge Díaz Almeida.
Para concluir, se destaca que la experiencia de articulación entre ATAJO y la Iglesia Católica en distintas localidades y puntos del país, ha sido satisfactoria, tanto desde el modo de cooperación elegido, resultados de las intervenciones, los lugares de atención, como en formas de trabajo y puesta en conocimiento. Esta ligazón permite concluir que es posible realizar una propuesta de articulación entre el Ministerio Público y una Institución como la Iglesia Católica, ante problemáticas de vulnerabilidad que merecen rápida atención estatal y cuyos obstáculos pueden ser removidos en base a distintos tipos de cooperación.


*Director General de Acceso a la Justica de la Procuración General de la Nación. Titular de las agencias territoriales ATAJO.

Julián Axat y Francisco